La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) ha celebrado en Madrid el Foro Energía AEGE 2024 ante más de 200 asistentes entre industriales y expertos en energía y sostenibilidad que han analizado la actualidad del sector y debatido sobre los retos que afrontan los consumidores electrointensivos. Este encuentro anual ha tenido como lema ‘Industria electrointensiva: impulsando el futuro’.
Durante la inauguración, José Antonio Jainaga, presidente de AEGE, ha afirmado que se está produciendo un cambio en el debate sobre la importancia de la competitividad industrial para asegurar un crecimiento sostenible, que ha calificado de positivo. Ante los elevados precios eléctricos de los últimos años, Jainaga ha destacado que la caída del consumo eléctrico en los asociados de AEGE ha sido superior al 30% desde 2019, un dato directamente proporcional a la caída de la actividad industrial. También ha señalado que “para revertir esta tendencia, causada por la desventaja estructural que mantenemos en la factura eléctrica cuando nos comparamos con las economías europeas que cuentan con más industrias electrointensivas, hacen falta medidas efectivas”, y resaltado la importancia de algunas más concretas, como la reducción de los peajes o las compensaciones por CO2 indirecto.
Ante esta situación, la asociación destaca la importancia que tiene la demanda eléctrica de la industria para dar continuidad a las importantes inversiones previstas a 2030 en el sector energético. Pero, sin precios eléctricos asequibles se frena la descarbonización y electrificación de nuestra economía. “La apuesta por la competitividad industrial se devuelve con creces a la sociedad”, ha asegurado el presidente de AEGE.
En la primera mesa de debate del foro, ‘Descarbonización, electrificación y competitividad del consumidor electrointensivo’, se ha abordado la situación actual de la industria y los principales retos que afronta a través de tres ejes fundamentales: el proceso de descarbonización que han iniciado las industrias, el papel de la electricidad en este proceso y la competitividad en el acceso a la energía como condición necesaria para esta apuesta. Moderados por Concha Raso, redactora de Energía de elEconomista, han participado Juan Antonio Labat, director general de Feique; Aurora Simón, gerente de Compras de Energía de Verallia, representando a Anfevi; y Santiago Oliver, director de Sostenibilidad e Innovación de Unesid.
Juan Antonio Labat ha abierto el debate afirmando que “los contratos por diferencia son vitales para acelerar la inversión en descarbonización de la industria”. Mientras que Aurora Simón ha hecho énfasis en los problemas de acceso a las redes eléctricas y los altos costes de la energía, porque “sin un marco de precios estable y predecible, no solo será difícil electrificar nuestros procesos, sino que también perdemos competitividad frente a otros países y materiales alternativos, reclamando apoyo gubernamental para avanzar en la transición energética sin comprometer nuestra posición en el mercado”. Y, por último, Santiago Oliver ha asegurado que para que no se hunda la industria electrointensiva frente a la producción de terceros países sin costes o con muy reducidas ambiciones climáticas, la UE debe conseguir que el OPEX de los productos de baja huella climática europeos sean competitivos globalmente y no solo localmente. “En caso contrario, la industria europea acabará siendo desplazada por empresas de terceros países”, ha puntualizado Oliver.
Seguidamente, Jordi Esteve, socio responsable del área de Economics en PwC, ha presentado el estudio ‘Impacto socioeconómico en España de una factura eléctrica competitiva en la industria’. Esteve ha explicado durante su intervención que “un precio eléctrico competitivo es fundamental para que el sector de la industria electrointensiva siga impulsando la competitividad de la economía en su conjunto. Con un precio similar al que existe en Francia, se podría incrementar el PIB y el empleo nacional en un 1% de forma estructural”.
A continuación, Óscar Barrero, socio responsable de Energía en PwC, ha moderado el debate de la segunda mesa, ‘Soluciones sostenibles para el consumidor electrointensivo’, con las intervenciones de Fernando de Juan, Head of Origination Iberia de Axpo; Blanca Losada, presidenta de Fortia Energía; y Silvia Escudero, Head of Upstream Origination Iberia Statkraft.
“Desde Axpo pensamos que el consumidor es una solución y no un problema. Nuestros productos a medida están diseñados para poner en valor la flexibilidad de los consumidores electrointensivos, adaptándonos en todo momento a los requerimientos de la regulación”, ha comentado Fernando de Juan. Mientras que Blanca Losada ha apuntado a la utilidad de los PPAs, destacando además que un sistema con cada vez más renovables requiere flexibilidad y firmeza, y demandó “un marco regulatorio que permita aflorar el valor de los yacimientos de flexibilidad existentes en la demanda”. La presidenta de Fortia Energía también ha reflexionado sobre la importancia del informe Draghi, reclamando “una estrategia industrial que permita que Europa se posicione en el ámbito de las dos grandes revoluciones tecnológicas de nuestro tiempo: la transición digital y la energética”. Para Silvia Escudero el Estatuto Electrointensivo está generando, en estos momentos, muchísimo interés en la contratación de PPAs “permitiendo a la industria gestionar su riesgo”, y ha señalado que “desde Statkraft, ofrecemos coberturas a largo plazo e incluso estamos empezando a valorar coberturas a medida que aprovechan la flexibilidad de la industria para modular consumos”.
Y la tercera y última mesa, ‘Los retos del nuevo regulador’, ha reunido a Marina Serrano, presidenta de aelēc; Joan Batalla, presidente de Sedigas; y Diego Rodríguez, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, moderados por Fernando Soto, ex director general de AEGE, para debatir sobre la figura del nuevo regulador.
Marina Serrano confía en que “la nueva CNE cuente con los recursos y personal necesarios, así como con la flexibilidad de su organización interna para adecuarse al entorno cambiante del proceso de transición energética” y ha apuntado a la importancia de “asegurar que los precios competitivos que traen consigo las energías renovables lleguen a los consumidores”. En opinión de Joan Batalla “resulta fundamental que el futuro ente regulador desempeñe un rol claro y sólido en la promoción de la sostenibilidad y la competitividad del sector energético de España”, destacando en la misma línea la importancia de la “autonomía funcional, financiera y de gestión para tomar decisiones de forma profesional, autónoma e independiente y abordar los desafíos actuales y futuros”, lo que exige, según el presidente de Sedigas, “que la CNE garantice reglas transparentes y equilibradas que impulsen la innovación, la eficiencia y la libre competencia, asegurando siempre el progreso del mercado y la protección de los consumidores. Solo así se podrán alcanzar los objetivos de bienestar social y desarrollo sostenible que exige el contexto energético actual”. Por su parte, Diego Rodríguez ha finalizado el debate enfatizando que “con frecuencia, el regulador independiente recibe nuevos mandatos y funciones sin que estos se vean acompañados con los medios humanos suficientes para llevar a cabo su labor”. A ese respecto, ha apuntado Rodríguez, “la extraordinaria dificultad asociada al diseño, tramitación y supervisión del amplio conjunto de medidas que se necesitan para avanzar en la descarbonización cuando el regulador se enfrenta con notables restricciones en términos de recursos humanos y, sobre todo, con dificultades para la retención del talento”.
La Secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, ha clausurado el Foro Energía AEGE 2024, señalando: “Entre todos los proyectos que ya se han resuelto de la primera línea del PERTE de Descarbonización, me gustaría destacar que contamos con 27 expedientes de empresas electrointensivas, que van a recibir 217 millones de euros. Y que, además, 10 empresas que forman parte de AEGE, hasta el momento, han obtenido 75 millones de euros de subvención. En los últimos años, hemos destinado 900 millones de euros para la compensación por los costes de emisiones de C02. Hemos pasado de 6 millones de euros convocados en 2018 a 244 millones de euros en 2022 y 2023. Además, como bien sabéis, en este último año hemos hecho un esfuerzo mayor y hemos ampliado esta nueva convocatoria de ayudas compensatorias hasta los 300 millones de euros. Y sabemos que el esfuerzo debe ir en aumento”.
“Queremos que nuestras industrias sean más competitivas, reduciendo los costes de las emisiones indirectas, mientras avanzan hacia la descarbonización”, ha finalizado la Secretaria de Estado de Industria.
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