El Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales, que agrupa a los 21 Colegios Oficiales de todo el Estado, espera que el Anteproyecto de la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica incluya las observaciones y alegaciones que se realizaron al mismo hace un año.
“La necesaria Ley de Industrial lleva una tramitación muy lenta para la importancia que se le dio durante y después de la pandemia. Esperemos que este nuevo Anteproyecto recoja las propuestas que realizamos hace ya un año”, ha manifestado César Franco, presidente del Consejo General, haciendo referencia al nuevo ministro de Industria, Jordi Hereu.
El Consejo cree que las alegaciones al anterior Anteproyecto siguen “obviamente siendo válidas”, destaca Franco. Por ello, ha realizado un documento basado en seis puntos sobre política y promoción industrial, reindustrialización, neutralidad climática y economía circular, digitalización, seguridad y calidad industrial y gobernanza.
Se propone impulsar un pacto por la industria nacional para que la actividad industrial supere el 20% del PIB, contando con organizaciones y profesionales del sector. Se sugiere diseñar infraestructuras enfocadas en el transporte de mercancías y simplificar los trámites administrativos. Además, se debe reducir el coste de la energía, potenciar las energías renovables y los institutos de desarrollo económico o industrial autonómicos, atraer talento joven a la industria mediante formación dual y revisión de títulos universitarios. Fomentar reinversiones y ayudas iniciales, protegiendo el mercado local frente a estándares menos rigurosos y recuperar la explotación de recursos naturales.
Estandarizar el tutelaje de la industria y asociar inversión a rebaja de impuestos. Abordar la industrialización como un ecosistema, alineándola con la autonomía estratégica de Europa y transformando la cadena de valor industrial. La nueva Ley de Industria debe establecer un marco regulatorio uniforme y promover el reshoring para garantizar el autoabastecimiento estratégico de materias primas y energía. Reducir impuestos a pymes y considerar específicamente el sector defensa por su impacto en tecnología e investigación.
Desarrollar planes de apoyo a la economía circular y verde dentro del Pacto Verde Europeo. Adecuar la normativa para la neutralidad climática, estableciendo medidas posibles y estímulos pragmáticos. Legislar la gestión de residuos y crear un organismo de referencia para la economía circular. Facilitar la implementación de energías renovables y el uso temporal de energía nuclear. Considerar el impacto de la logística y el transporte en la sostenibilidad y simplificar y unificar leyes para reducir la complejidad normativa.
Emular modelos exitosos como el israelí para la economía circular y el americano para el valor del dato, adaptándolos a nuestra realidad. Desarrollar un plan estratégico de digitalización a medio y largo plazo, fomentando la cohesión nacional de sistemas de información. Promover una cultura empresarial de digitalización continua y garantizar la interconectividad, interoperabilidad y ciberseguridad. Estandarizar modelos de referencia y establecer planes de formación para trabajadores de todas las edades en la digitalización.
La nueva Ley debe encomendar a los Colegios Profesionales la confirmación, validación, certificación técnica y registro en seguridad y calidad industrial. Esto facilitaría la colaboración con la Administración, aligerando sus tareas. El Consejo y los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales podrían asumir estos roles. Además, los Reglamentos de seguridad industrial deben vincular la figura del técnico competente a las profesiones reguladas y sus titulaciones habilitantes.
La gobernanza debe integrar principios ESG para que las empresas enfrenten los retos actuales. Es crucial equilibrar poderes, profesionalizar instituciones, y mejorar transparencia y ética. La composición y diversidad de los consejos, junto con la despolitización y planificación, son clave para su eficacia. Crear un organismo específico en el Ministerio de Industria para coordinar las Directivas del Mercado Único Europeo y asegurar la unidad de mercado. Establecer políticas conjuntas con la UE en áreas clave como baterías y semiconductores, coche eléctrico, inteligencia artificial, etc, y formar alianzas estratégicas con terceros países.
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