La Alianza por la Competitividad de la Industria Española reclama la creación de un instrumento financiero comunitario para garantizar el éxito de la política industrial europea, en línea con la postura defendida por la delegación de España, junto a las de Portugal y Grecia, en el Consejo de Competitividad e Industria, celebrado en Bruselas el pasado 24 de mayo. La Alianza espera que esta propuesta se vea respaldada en el Consejo Europeo, los próximos días 27 y el 28 de junio, y se incorpore a la Agenda Estratégica 2024-2029 de la Unión Europea.
Esta herramienta constituiría una garantía para una distribución eficaz orientada a incrementar la competitividad de la UE a escala global. En esta línea, Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza, considera que “Europa necesita que, paralelamente a la transición hacia los objetivos innegociables del Green Deal, se impulsen medidas que potencien su competitividad industrial en el contexto global a través de un Industry Deal”.
Desde hace tiempo, la Alianza viene advirtiendo de la necesidad de que la UE articule un modelo de financiación permanente que permita abordar las inversiones necesarias para continuar avanzando en la transición tecnológica y ambiental del tejido productivo europeo hacia la neutralidad climática en 2050. Independientemente del éxito de los Fondos Next Generation, estas inversiones están estimadas en 800.000 millones de euros anuales.
Asimismo, defiende que, en el actual contexto geopolítico, es preciso diseñar un marco europeo de ayudas a la inversión que evite la distorsión entre Estados miembros, capaz de financiar simultáneamente los costes de capital y operación, dado que un 35% de las tecnologías esenciales para la transición no son todavía económicamente viables ni competitivas.
Este marco de ayudas a la inversión debe ser suficientemente atractivo y ágil para desincentivar el traslado de operaciones industriales a otras áreas económicas y en el que se consideren alternativas como los contratos por diferencia o los créditos fiscales.
Reinoso manifiesta que este y otros aspectos, que a juicio de la Alianza deben conformar un pacto para impulsar la competitividad de la industria europea, ya han sido trasladados al presidente del Gobierno y los ministros de Industria y Economía, así como a los principales partidos políticos.
En la misma línea, el informe sobre el mercado único coordinado por Enrico Letta y presentado durante el Consejo Europeo el pasado abril, -impulsado bajo la reciente presidencia española-, profundiza en los diferentes factores que deben corregirse o potenciarse para que la industria europea pueda competir eficazmente en su transición hacia la neutralidad climática, la economía circular y la digitalización, así como garantizar la soberanía estratégica frente a las tensiones geopolíticas y estructurales que amenazan el modelo económico y social europeo.
En dicho Consejo Europeo, como conclusión, los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros se comprometieron al desarrollo y aplicación de una política industrial eficaz, una política que, según apunta Reinoso, “debe permitir avanzar en ese marco por el que apostamos desde la Alianza que es el Industry Deal”.
Así, la Alianza aplaude el impulso que España, Portugal y Grecia dieron en mayo, en el Consejo de Competitividad e Industria, a la creación de un instrumento europeo para garantizar el éxito de una verdadera política industrial europea. Las tres delegaciones defendieron que este instrumento incrementaría de forma competitiva y equilibrada las capacidades de producción, contribuyendo a incentivar eficientemente las inversiones estratégicas en sectores industriales críticos.
“No basta con más ayudas sin una dimensión comunitaria”, advierte Carlos Reinoso, que alerta de que, “mayores ayudas nacionales, dirigidas por los Estados, van en detrimento de países con menor capacidad fiscal y de financiación para poder desplegar esas ayudas. Y es que la integridad del mercado único se ve amenazada por el desigual apoyo que los países de la UE están dando a sus industrias”, asegura el portavoz de la Alianza, para quien esto genera una acusada distorsión competitiva.
Por el contrario, “otra unión de Estados, los Estados Unidos, sí han apostado por una política industrial ‘unida’”, contrapone Reinoso frente al contexto actual de la UE. La ley norteamericana de reducción de la inflación (IRA, en sus siglas en inglés), aprobada en agosto de 2022, compromete un gasto de 437.000 millones de dólares en los próximos diez años en Estados Unidos, de los cuales, 369.000 se concentrarán en un programa de acción climática a través de créditos fiscales y ayudas directas. El impacto que se espera es que la IRA influya de forma directa en las decisiones de inversión de los principales sectores industriales intensivos en capital, lo que “pondrá en riesgo tanto las futuras inversiones en Europa como la continuidad de las cadenas de suministro, si no se emula la apuesta industrial del otro lado del Atlántico”, advierte Reinoso.
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