Una industria avanzada, pero ahogada

La crisis ha impactado fuerte en la industria eólica, que ve cómo su modelo de desarrollo tutelado ha sido liberalizado. El cambio de escenario jurídico y financiero obliga al sector a replantearse su futuro. Casi sin tiempo para reaccionar, y con las inversiones en España prácticamente frenadas, la Europa de la política 2020 se abre como la vía lógica de continuidad.

Además de una naturaleza que favorece su generación, entre los factores considerados como claves para la promoción de la energía eólica en España destaca, según la Asociación Empresarial Eólica (AEE), su inclusión en el mix de generación para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de CO2 y disminuir la dependencia energética del exterior, situada hoy en un 80%, muy por encima de la media europea del 54%, según datos de Eurostat.

Sin embargo, tras un periodo de importante expansión, hoy el sector ve peligrar su futuro a consecuencia de un marco regulatorio incierto que frena el desarrollo de nuevos parques en la península.

Según el Global Wind Energy Council, 2013 se saldó con China, Estados Unidos, Alemania y España como los primeros productores mundiales de energía eólica, lo que en absoluto es un mal dato. Pero si se atiende a la nueva capacidad instalada –solo 175 nuevos megavatios el pasado año, el menor ritmo de crecimiento de los últimos 16 años– España desaparece de la tabla, quedando incluso por detrás de países noveles en esta tecnología como Polonia, Turquía, Rumanía o Austria, y con India pisándole los talones en la clasificación general.

Así, a 31 de diciembre de 2013, la potencia total instalada llegó a los 22.959 MW, lo que le permitió cubrir el 21,1% del total de la demanda eléctrica española gracias a una producción de 54.478 GWh, ligeramente por delante de la energía nuclear.

Castilla y León - con un 21% de la potencia total instalada-, Cataluña y Andalucía son las comunidades donde más se ha desarrollado esta tecnología de generación eléctrica. Pese a este avance, desde la AEE recuerdan que la potencia total se encuentra 2.000 MW por debajo de los casi 25 mil previstos por el Plan de Energías Renovables 2011, y que los proyectos que se concretaron en 2013 corresponden a la última actividad impulsada a través del Registro de Preasignación contemplado en el antiguo sistema de subvenciones públicas al sector hoy ya sin vigencia.

De hecho, actualmente existen alrededor de 675 MW registrados y no instalados que, tal y como explica la AEE en su anuario de actividad 2012, no se construyen por factores ajenos al sector, como "retrasos en la planificación de la red de transportes y de las líneas de distribución, dificultades administrativas, etc.".

Según datos del Ministerio de Industria, el año pasado el sector eólico percibió 2.000 millones de euros sobre un total de 9.000 millones destinados a la promoción de las fuentes de energía renovables y fue el responsable de más de la mitad de la energía producida por el régimen especial. El sector eólico exporta tecnología por valor de 1.893 millones de euros al año, invirtió en I+D alrededor de 120 millones de euros anuales y su introducción en el mix energético español en 2012 se estima permitió una bajada total del precio del mercado eléctrico de alrededor de 1.900 millones de euros, tal y como muestran los datos recogidos en el Estudio macroeconómico del sector eólico español. Actualización 2012 de la consultora Deloitte.

¿Por qué habría de estar en crisis una industria que presume de tales cifras? Los cambios en las reglas del juego y la inestabilidad jurídica a falta de un marco regulatorio claro son dos de los factores claves que en opinión de la AEE están poniendo en jaque el futuro desarrollo de las empresas eólicas.

Presión impositiva

2012 es definido por la AEE como el annus horribilis de la eólica. Ante la necesidad de dar una solución al déficit tarifario –la diferencia entre el coste de la generación eléctrica y el precio que consumidores domésticos e industriales pagan por ella– y cumplir con lo objetivos de déficit planteados desde Bruselas, el Gobierno realizó cambios importantes en el marco regulatorio energético que, en opinión de la AEE, han perjudicado seriamente el desarrollo de la industria.

El Decreto-Ley 1/2012, conocido como "la moratoria verde”, suprimió los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos –sistema bajo el cual operaba el registro de preasignación– y la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética estableció un nuevo impuesto sobre la producción de energía eléctrica del 6% para todas las tecnologías, que posteriormente se subió al 7%. En el caso de la eólica, el impacto negativo previsto para el primer año de vigor de la normativa es de 241 millones de euros.

“La eólica es la tecnología que soporta mayor presión fiscal, no prevista cuando se acometieron las inversiones, ya que a los impuestos comunes a las demás tecnologías ­–los estatales y los municipales– hay que añadir los cánones que se aplican en algunas comunidades autónomas”, comenta Rocío Sicre, actual vicepresidenta de AEE. “Además, el eólico es un sector con una rentabilidad muy ajustada y una mayor presión fiscal supondría problemas para que las empresas hiciesen frente a sus pagos... Las compañías han hecho un fuerte esfuerzo inversor en los últimos años, lo que ha supuesto un elevado nivel de endeudamiento, y sus activos aún no están amortizados”

Sumado a estas medidas, a inicios de febrero de 2014 el Gobierno dio a conocer los parámetros retributivos de las energías del régimen especial –empresas renovables, cogeneración y residuos– que sustituyen al actual sistema de primas a la producción. Así, los parques eólicos que comenzaron a funcionar antes de 2004, un 37% del total, no percibirán retribución específica alguna “por haber superado la rentabilidad razonable establecida por la ley”, el 7,5%, así que quedan sujetas solo al precio del mercado. Las instalaciones posteriores podrían perder entre un tercio y un 50% dependiendo de la clasificación de la instalación del Ministerio de Industria basada en cuestiones como tecnología, potencia o antigüedad.

El cálculo de la rentabilidad de las instalaciones está en medio de la polémica. Desde la evolución del coste de las materias primas necesarias para la construcción de un parque, hasta casos como el de inversores que han adquirido de manera reciente parques construidos y por tanto no han amortizado su costes, hacen que la definición de un estándar para el cálculo de la rentabilidad de este tipo de instalaciones sea un trabajo complejo.

Luis Polo, director general de la Asociación Empresarial Eólica, alertó que estas nuevas reglas del juego hacen que el sector se enfrente a “un riesgo de deslocalización brutal”. Las cifras de empleo de la industria apuntan cierta tendencia al respecto: si en 2008 empleaba a más de 40.000 personas, en 2012 esa cifra se redujo a 28.000 y en 2013, sin datos aún cerrados, calcula que “se destruyeron 25 empleos al día”.

En ese sentido, la AEE ha señalado que la nueva normativa impulsada por el ejecutivo, “lejos de esbozar una hoja de ruta para el sector y proporcionarle la necesaria estabilidad a largo plazo, se limitó a introducir nuevas medidas recaudatorias”. Las estimaciones son que en 2013, la eólica ha dejado de ingresar 600 millones de euros por las medidas tomadas.

Seguridad jurídica

El largo período de maduración de un proyecto eólico –la media de instalación de un parque en España se sitúa en los 7,5 años– y la complejidad de su tasa interna de retorno –dependiente de un recurso inestable como el viento, del precio al que se comercializa su producción en el mercado energético, etc.– han obligado a los diferentes gobiernos a establecer un marco regulatorio a largo plazo, que además, sea capaz de favorecer la inversión en un terreno que de entrada puede parecer incierto. Pese a que no fue una situación planteada de un día para otro, la crisis precipitó el cambio de escenario jurídico y financiero para el sector, provocando lo que la consultora Deloitte define como “un peligroso efecto en cadena”: ante la dificultad para estimar los ingresos futuros, los promotores de parques son reacios a asumir el riesgo, encontrándose, además, con problemas en el acceso a la financiación de los futuros proyectos.

Así, por ejemplo, en 2011 los fabricantes de aerogeneradores no han recibido pedidos en fábrica para el mercado doméstico –estas adquisiciones suelen hacerse entre 1,5 y dos años antes de que empiece la instalación– por lo que se ven obligados a replantearse su presencia en España. Como consecuencia, el subsector de los fabricantes de componentes específicos –palas, multiplicadoras, transformadores, rodamientos y sistemas hidráulicos– también sufre una caída importante en su contribución al PIB. Un caso: en 2012, los nuevos pedidos de turbinas para el mercado nacional fueron casi nulos.

Tecnología y rentabilidad

Para Luis Polo, la mayor parte de los problemas que ha habido con las energías renovables “vienen de una política regulatoria errática y con demasiados cambios y no de las tecnologías en sí”. En ese sentido, Reoltec, plataforma tecnológica del sector eólico coordinada por la AEE, demanda "que se diferencien los objetivos de política energética de los de innovación, de modo que España no pierda el séptimo puesto del ranking mundial en patentes eólicas”.

Según el INE, la industria eólica española invirtió en 2011 en I+D+i 118 millones de euros, el 7,25% de su contribución sectorial al PIB. Diversos son los asuntos que centran el interés de la innovación en el sector: reducción de los costes ligados a la generación eólica y a sus componentes para mejorar su competitividad frente a otras fuentes de energía, alta disponibilidad y alta resistencia de cara al despliegue de parques eólicos marinos, mejora de las técnicas de almacenamiento, mayor efectividad en el cálculo de la demanda versus la capacidad de generación o la estandarización de procesos de mantenimiento predictivo que garanticen la plena operatividad de los parques son algunas de las cuestiones en marcha.

A la vista de las prioridades en innovación, y en función del escenario económico planteado con la nueva normativa para el sector, parece un hecho que los proveedores tecnológicos podrán tener participación en esta industria en la medida que contribuyan a aumentar significativamente la rentabilidad de las instalaciones ya en marcha.

Los sistemas y metodologías aplicadas al mantenimiento y la explotación, con una inversión mínima en relación a lo que ha significado la obra civil del proyecto, tienen hoy una oportunidad. La clave está en ser capaces de ofrecer tecnología altamente avanzada para un sector que no ha escatimado esfuerzos en innovación, tal y como señala Reoltec.

Y tras la nueva normativa, ¿qué?

El Plan de Energías Renovables, PER 2011-2020, ha establecido como objetivo alcanzar los 35.750 MW de potencia eólica en 2020, llegando a una producción de algo más de 55.600GWh en 2015 –55.538 GWh en tierra y 66 GWh en mar– y de 72.556 GWh en 2020 para estabilizar la cobertura de la demanda en torno al 20%. Para alcanzar estas cifras de producción, la consultora Deloitte, en su “Estudio macroeconómico del sector eólico español” recomienda el replanteamiento de los modelos de negocio existentes “con el objetivo de asegurar el crecimiento de la industria”.

Entre las recomendaciones están “definir modelos racionales que favorezcan la repotenciación y el sobre equipamiento de instalaciones, establecer esquemas de colaboración entre promotores y agentes industriales que permitan a estos últimos participar en proyectos de energía eólica marina y establecer mecanismos que faciliten a los agentes industriales y proveedores de servicios aprovechar la experiencia adquirida en España para exportar y desarrollar su actividad en el exterior”.

Asimismo, apunta a la importancia de desarrollar actuaciones de I+D orientadas a la generación eólica marina, mejoras en la gestión de activos –aumento de disponibilidad de equipos, reducción de costes de mantenimiento, mayor fiabilidad...–, mejor integración en redes eléctricas y gestión de la volatilidad de la producción.

Según las previsiones de la Asociación Europea de Energía Eólica, se espera un incremento del 145% de la capacidad instalada en el continente durante el periodo 2011-2020.

Ante el inestable escenario a nivel nacional, la industria eólica mira a Europa como su próxima conquista.

Como resulta difícil competir en costes con mercados como el asiático, la clave pasaría por que las empresas del sector también consolidaran una cartera de servicios avanzados para la manutención y el mayor rendimiento de los parques, ya que pese a la maduración de las instalaciones, el viento seguirá soplando.